La declaración de lesividad es un procedimiento administrativo mediante el cual la Administración Pública declara la nulidad de un acto administrativo, generalmente un contrato o una resolución, por considerar que causa un perjuicio económico o jurídico a la Administración.
Este procedimiento se inicia a través de un expediente en el que se recoge la solicitud de declaración de lesividad, que puede ser presentada por un particular, un órgano administrativo competente o de oficio por la propia Administración. Una vez iniciado el expediente, se lleva a cabo una instrucción para determinar si efectivamente el acto administrativo en cuestión es lesivo para la Administración.
En caso de que se constate la lesividad, se emite la resolución de declaración de lesividad, que implica la anulación del acto administrativo y la restitución de la situación anterior a su adopción. Además, en algunos casos, puede conllevar la exigencia de responsabilidades a los funcionarios implicados en la adopción del acto lesivo.
La declaración de lesividad es un mecanismo de control interno que tiene como objetivo proteger el patrimonio y los intereses de la Administración Pública, garantizando la legalidad y la correcta gestión de los recursos públicos.
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